Para que una sociedad acepte afrontar los sacrificios que pueda pedirle su gobierno deben reunirse cuando menos dos condiciones: una explicación clara y precisa sobre la necesidad del esfuerzo colectivo y una conducta ejemplar de quienes gobiernan para legitimar su petición. Puede concederse que la argumentación sobre la necesidad de la penuria económica actual -tarifazo, quita de subsidios, suba constante de precios- fue suficiente, aunque a esa comunicación y a quienes la protagonizaron quizás les haya faltado mayor claridad y contundencia. Pero la aparición del nombre del presidente Mauricio Macri, vinculado a una empresa con sede en un paraíso fiscal, es una fisura inocultable en el sentido de ejemplaridad requerido. Un tropiezo político que ocurre en el peor momento.
Macri proclamó, desde su llegada al poder, que su gobierno iba a ser distinto a todos los anteriores porque iba a decir la verdad. Podría haberla dicho en su momento, respecto de su participación en el directorio de la empresa familiar Fleg Trading Ltd., registrada en Bahamas en 1998 y que funcionó hasta 2009. No hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión.
Macri está diciendo su verdad ahora: “Fue una operación legal” declaró ayer en un programa televisivo del diario La Voz del Interior, en Córdoba. El Gobierno afirmó el domingo en un comunicado, cuando el escándalo de Panamá Papers había explotado en todo el mundo, que Macri no incluyó su participación en esa empresa dentro de su declaración jurada porque “nunca ha sido accionista de esa sociedad”. Esa defensa apuntó estrictamente a lo legal. Pero está claro que no dio respuesta satisfactoria a lo político.
Según admiten altas fuentes de la Casa Rosada, el Gobierno fue consultado hace un mes acerca de la empresa de la familia Macri inscripta en Bahamas. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación venía trabajando hacía más de un año sobre las operaciones originadas en el estudio Mossack & Fonseca, con sede en Panamá. “Contestamos enseguida y entendemos que la información está muy clara. El Presidente no fue accionista de esa empresa. Figuró circunstancialmente en el directorio. Nada más. No hay nada ilegal ni relevante”, sostuvo la fuente.
Desde la Casa Rosada señalan que en ese momento se hicieron consultas a organismos del Estado vinculados a las cuestiones impositivas y de lavado de dinero, la AFIP y la UIF. Un dato que sustentó la idea de que no había nada incorrecto en la actitud del Presidente fue que “esa empresa familiar estuvo inscripta hasta 2009 en Bahamas pero no llegó ni siquiera a abrir una cuenta bancaria”, dijeron a Clarín quienes trabajaron sobre el tema.
Pero aún aceptando la legalidad del proceder presidencial, cierta falta de previsión política del Gobierno parece haber sido resultado de un error de cálculo, acerca de cuán fuerte sería el efecto de la noticia publicada en simultáneo el domingo en todo el mundo.
El escándalo involucra a líderes políticos, empresarios y deportistas, desde el presidente ruso Vladimir Putin hasta el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi.
El Gobierno supo 48 horas antes que la investigación se iba a difundir. Cerca de Macri defienden cierta forma pasiva de actuar ante la inminencia del impacto. “Queda feo estar en esa lista, es incómodo, pero todo se irá aclarando con mucha tranquilidad” confían en el área presidencial. Están convencidos de la eficacia de una estrategia de comunicación que tiende a evitar sobreactuaciones mediáticas. Como todo, esa eficacia se podrá medir por los resultados.
Respecto a las declaraciones de Elisa Carrió reclamando que Macri presente pruebas de sus dichos, en la Casa Rosada replican con algo de fastidio que “no hay nada que probar, es imposible probar lo que no existe”.
Hace una semana, Carrió fue citada por Macri a Olivos después de haber atacado muy duro a su amigo personal, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, cuestionándole una vez más sus operaciones en la Justicia. Anoche fue el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien habló con Carrió una hora antes de la aparición de la volcánica diputada ante las cámaras de televisión. Así se logró enfriar esta vez el tono de la fricción.
Pero estos episodios ponen de relieve el papel de Carrió, quien con sus actitudes genera un paraguas de protección para los funcionarios y legisladores oficialistas que militan con más entusiasmo por la transparencia en la gestión.
La mayoría de éstos viene de la fragua política del PRO y ocupan lugares relevantes en el Congreso y el Gobierno. Admiten sintonizar una frecuencia diferente a la de quienes llegaron hasta las inmediaciones del poder provenientes del mundo de los negocios y las empresas, el mismo desde donde Macri se proyectó a la política.
Cuando apunta sobre la influencia de empresarios como Angelici o Nicolás Caputo, Carrió blanquea esa línea de tensión. “Lilita impone temas en la agenda del Gobierno y obliga al equilibrio; ella hace la cosa salvaje y nosotros le ponemos un marco más institucional y moderado”, dijo a Clarín una figura de ese bando interno.
El episodio de la empresa en Bahamas corona, además, una sucesión de hechos llamativos. Entre ellos, que Macri haya sido denunciado por dádivas al haberse alojado en la casa y usar el helicóptero de su amigo multimillonario británico Joseph Lewis, en Lago Escondido. O que el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, haya quedado en la mira por un vuelo en avión privado a Punta del Este, junto a la actriz Juanita Viale, su familia y amigos. O que el Gobierno haya desechado, a poco de iniciar la gestión, la idea de elaborar un manual de ética y conducta pública para los funcionarios.
Ayer dijo el Presidente: “Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero logrado en forma malhabida”, en alusión al saqueo del Estado perpetrado por el kirchnerismo. Lo cortés no quita lo valiente. El latrocinio kirchnerista, de dimensiones nunca antes conocidas, no exculpa el error del Presidente. Ese tropiezo lo descoloca justo en el momento en que su Gobierno le pide a la sociedad que soporte el duro costo de reacomodar la economía. Y le borronea -así sea circunstancialmente- la superioridad moral necesaria para “ser implacable con la corrupción”, como prometió al asumir la Presidencia.
Ese, hasta ahora, es su mayor capital. Sólo él puede cuidarlo.
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